Juicios y condenas

Juicios y condenas

Luego de la asunción del gobierno democrático comandado por Raúl Alfonsín, militante de la UCR, que triunfó en las elecciones de octubre de 1983, la relación con los militares resultó muy difícil debido al reclamo generalizado de la sociedad de investigar los crímenes cometidos durante la represión y sancionar a los responsables, y a la negativa de éstos a rever su actuación durante lo que ellos llamaban la "guerra antisubversiva", y sus críticos calificaban de genocidio. El presidente Alfonsín, que había participado activamente en las campañas a favor de los derechos humanos y había incorporado el tema a su campaña electoral, propuso distinguir entre quienes, desde el máximo nivel, habían ordenado y planeado la represión (los miembros de las Juntas Militares, a los que se enjuició), quienes habían cumplido órdenes y quienes se habían excedido en ello, cometiendo delitos aberrantes. Igualmente propuso dar a las Fuerzas Armadas la oportunidad de que ellas mismas sancionaran a los responsables, para lo cual impulsó una reforma del Código de Justicia Militar. Este último procedimiento no dio resultado, debido a la total negativa de los militares a admitir que hubiera algo punible en lo que entendían como una "guerra". La sociedad, por su parte, sensibilizada por la investigación de la CONADEP y la revelación cotidiana de los horrores de la represión, reclamó con firmeza el castigo de todos los responsables.

Durante 1985 se tramitó el juicio a los miembros de las tres primeras Juntas Militares, que culminó con sanciones ejemplares.

Jorge R. Videla: reclusión perpetua

Emilio E. Massera: reclusión perpetua

Orlando R. Agosti: reclusión perpetua

Roberto E. Viola: reclusión perpetua

Armando Lambruschini: reclusión perpetua

Leopoldo F. Galtieri: 15 años de prisión

Omar R. Graffigna: 15 años de prisión

Jorge I. Anaya: 12 años de prisión

Basilio Lami Dozo: 10 años de prisión

Para todos, con accesorias legales y costas.

La sentencia de la Cámara Federal morigeró significativamente las penas impuestas. El motivo esgrimido fue que no consideró, como sí lo había hecho la Fiscalía, que los tres miembros de las Juntas fueran igualmente responsables en la represión, priorizando en cambio el accionar de cada fuerza. El Ejército y la Marina aparecían como los principales responsables, y la Fuerza Aérea fue sustancialmente beneficiada con esta "separación de responsabilidades, ya que había tenido pocos centros de detención directamente a su cargo y se habían reunido relativamente pocas pruebas en su contra. La sentencia impuso las siguientes penas:

Jorge R. Videla: reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua

Emilio E. Massera: prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua

Orlando R. Agosti: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua

Roberto E. Viola: 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua

Armando Lambruschini: 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua

Leopoldo F. Galtieri: absuelto

Omar R. Graffigna: absuelto

Jorge I. Anaya: absuelto

Basilio Lami Dozo: absuelto

Los tribunales siguieron su acción y citaron a numerosos oficiales implicados en casos específicos, lo cual produjo la reacción solidaria de toda la corporación militar en defensa de sus compañeros, particularmente oficiales de baja graduación, que (según estimaban) no eran responsables sino ejecutores de órdenes superiores. Un primer intento de encontrar una salida política a la cuestión (la llamada ley de Punto Final) fracasó, pues no detuvo las citaciones a numerosos oficiales de menor graduación. En los días de Semana Santa de 1987 un grupo de oficiales se acuarteló en Campo de Mayo y exigió lo que denominaban una solución política. El conjunto de la civilidad, así como todos los partidos políticos, respondió solidarizándose con el orden constitucional, salió a la calle, llenó las plazas y exigió que depusieran su actitud. La demostración fue impresionante, pero las fuerzas militares que debían reprimir a los rebeldes, que empezaron a ser conocidos como "carapintadas", sin apoyarlos explícitamente, se negaron a hacerlo. El resultado de este enfrentamiento fue en cierta medida neutro. Luego de que el propio presidente fuera a Campo de Mayo, los rebeldes se rindieron, pero poco después, a su propuesta, el Congreso sancionó la ley de Obediencia Debida, que permitan exculpar a la mayoría de los oficiales que habían participado en la represión. Aunque este resultado no era sustancialmente distinto de lo que el presidente Alfonsín había propuesto a lo largo de su campaña (los principales responsables ya habían sido condenados) el conjunto de la civilidad lo vivió como una derrota y como el fin de una de las ilusiones de la democracia, incapaz de doblegar a un poder militar que seguía incólume.

Jorge Facundo Salguero

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